Las gentes del periodismo catalán acaban de celebrar su VII congreso. Y se ha aprobado un nuevo código ético. El anterior congreso se celebró hace nada menos que diez años. Demasiados. ¿qué ha pasado en la profesión durante esta década?, y una pregunta clave en éste artículo: ¿Quién tiene autoridad para aplicar el código y sus posibles consecuencias?, ¿qué autoridad puede quitarle el carnet de periodista a una persona o castigar a una empresa que entre en el delito de saltarse estas normas?
Hay gente con intereses espurios a los que les encanta vivir en el caos informativo. Contra ellos va este código.
En líneas generales podríamos indicar que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se han desarrollado de tal manera que ha sorprendido a todos. Ninguno de los ordenadores ni teléfonos portátiles ni los programas que empleábamos hace una década sirven para nada. Han surgido protagonistas digitales, las plataformas, que han modificado y modificarán la forma y manera de hacer comunicación.
Son tan espectaculares los avances tecnológicos que sorprende que la sociedad de la comunicación haya podido absorberlos con tranquilidad. Nada de esto: ha habido abusos dado que es sumamente fácil crear una web, un producto digital y lanzarlo desde el más absoluto anonimato. ¿Quién controla la veracidad del contenido?, ¿es suficiente el autocontrol?
Esto genera confusión entre el público. Hay mucha gente que ya no sabe discernir entre un buen medio de comunicación y otro que no lo sea.
Europa y España están estudiando cómo hacer para que los pseudo periodistas vean reducido su campo de actuación y que los llamados “influencers” dejen de convertirse en líderes de opinión más allá de promocionar productos comerciales.
Las estadísticas indican que una buena parte de la población juvenil, de entre 18 y 25 años, sólo se informan por medios digitales. Yo creo que la franja de edad que está en esta situación es mayor, pero vamos a quedarnos con ese escenario.
Es cierto que el consumo de productos digitales del sector de la comunicación mantiene una especie de vorágine consumista: hay plataformas en las que únicamente se emiten videos de 20 segundos, y otras que te permiten hasta media hora. Todo lo que digas en esos espacios de tiempo es tuyo. Y puedes decir y hacer lo que quieras.
Lógicamente, la sociedad no puede permitirse que una minoría de personas o de empresas dirijan la opinión pública hacia limites que deriven en un atentado contra los derechos humanos, y que lo hagan desde el anonimato. Es decir, no puede permitirse que en webs o blogs se fomente la pornografía infantil -perseguida-, o que se defienda el racismo, se ataque al pobre o se critique que se deba hacer algo para combatir el cambio climático.
¿Hasta qué punto puede la sociedad permitir que se ataquen y conculquen los derechos humanos (DDHH)?
En el periodismo sí que podemos intervenir en ese debate, si me permiten, en esa lucha. El combate consiste en que los medios sean respetuosos con el código ético que se acaba de aprobar en el VII congreso de los periodistas catalanes. Y que los periodistas -y las empresas- respondan si transgreden el código.
Estamos ante un código de aplicación universal, es decir, los periodistas de cualquier país del mundo pueden adaptarlo a sus circunstancias y valores, sin necesidad de añadir poca cosa más.
Los DDHH son un compendio de propuestas para que la sociedad se otorgue unas normas de convivencia alejadas de los conflictos y las injusticias. Claro está que aquí caben muchos aspectos a detallar o reglamentar, pero la realidad es que si se respetan los derechos humanos, la sociedad va mejor.
Es en este sentido que la sociedad de la comunicación catalana se ha hecho con unas normas éticas que, si se respetan, pueden facilitar la convivencia entre las personas.
Por ejemplo, el código propone que:
. se trate con especial cuidado las noticias referentes al suicidio
. se trabaje en favor del cambio climático y se haga “boicot” a las empresas que están en contra
. se trabaje contra el racismo
. se está en contra de la manipulación de imágenes
. se trabaje éticamente con la inteligencia artificial
. se facilite el trato con la diversidad
. con los conflictos bélicos se debe mantener una política de apaciguamiento y no echar más leña al fuego
. se prevenga el plagio
. se citen las fuentes
. se verifiquen las noticias
. se abone el tratamiento de la información de proximidad
. se verifiquen contenidos generados automáticamente por plataformas
. el periodista ha de ser un filtro de calidad, no un simple transmisor
. Se ha de ser responsable al utilizar la Inteligencia Artificial (IA). Si se utiliza, se ha de indicar y explicar qué partes de nuestro trabajo proceden de esa plataforma.
Y otros puntos que no por no ser detallados aquí no sean importantes.
Todos estas propuestas son jalones de una escalera que nos ha de llevar a la excelencia informativa. Lógicamente, siempre habrá problemas y conflictos de cómo enfocar determinadas noticias y, sobre todo, de qué hacer con las empresas y personas que no respeten e incluso atenten contra el código ético recién aprobado.
Dado que en España no existe la obligatoriedad de la colegiación de los periodistas, se hace difícil aplicar éste código. De momento sólo hay una entidad, no oficial, que entre a estudiar los atentados contra el código: el Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Se trata de una entidad independiente apoyada por el colegio de periodistas, sindicatos y diferentes colectivos. Su función es dirimir denuncias por posibles atentados contra el código ético.
Su funcionamiento es ejemplar: cuando se recibe una queja o una “denuncia”, se abre un expediente informativo que puede derivar en un expediente definitivo en el que se hace constar si ha habido “delito” o no. Naturalmente no podemos hablar de “delito” porque el CIC no es una instancia judicial, pero la resolución tiene su importancia porque expone ante la sociedad esos atentados a las normas deontológicas.
Pero el CIC tiene sus limitaciones. No tiene el Boletín Oficial del Estado a su disposición. Tampoco el Diari de la Generalitat. Tan sólo un apartado en la web del colegio de periodistas y en su propia página digital. Ni siquiera la revista Capçalera, del colegio, se hace cargo de las sentencias. Cabe recordar aquí el caso de Olga Viza: “sentenciada” hace años por su participación en una campaña publicitaria de ING Direct, junto a Matías Prats. Pues bien, apenas hace dos años el colegio la distinguió como buena profesional, en contra del parecer de algunos colegiados, que se lo comunicaron por escrito al decano.
Hubo debate interno, pero en la revista del colegio no se hizo mención alguna hasta que intervino el CIC para indicar al director de la revista, Jordi Rovira, que no había cumplido con su misión de informar de lo que pasa en la entidad, y más cuando se trata de un asunto tan delicado. Es decir, en casa del herrero, cuchillo de palo.
La capacidad del CIC para hacer que sus expedientes puedan aplicarse en forma de sanción, por ejemplo, pasaría por el hecho de que el Consejo de la Información tuviera reconocimiento institucional. Que el Parlament de Catalunya le otorgara esa carta ejecutiva… ya se la he pedido, pero ya veremos cuando se discute o si se discute.
Existe otra entidad, ésta sí institucional, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que tiene capacidad punitiva: puede sancionar a empresas que alteren sus compromisos con las normas aprobadas oficialmente.
Hasta que llegue el momento en que el CIC pueda tener capacidad institucional, veremos como sus “sentencias” sólo pueden ser consultadas, leídas o copiadas buscando en la red.
El momento actual no es simple, es complejo, pero los periodistas tienen -tenemos- un código ético actualizado que nos permite confrontar con la sociedad un trabajo que persigue la excelencia.
Manuel López
Doctor en Ciencias de la Información
Y periodista
Universcat 